El alcalde de Cajamarca y ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez y su entornó familiar y societario apelaron la resolución judicial de incautación y desposesión de 295 bienes dispuesta por el 4to juzgado nacional de investigación preparatoria, en el marco de una investigación por lavado de activos provenientes de un supuesto fraude a la universidad Alas Peruanas.
Junto al alcalde de Cajamarca, la apelación es presentada por su cónyuge Rosa Castañeda Cubas, su hermano Osías Ramírez Gamarra, sus colaboradores Marco Aponte Andrade, Harold Morales Rojas y las empresas Lima Ingeniería & Construcción, Inmobiliaria Primavera SAC, Capricornio Import, Compañía General de Combustible, Compañía General de Combustible Granel, Mondreu, Promotora Juan Pablo II, Constructora Inmobiliaria Habitaria y Norgrifos.
La apelación, suscrita por los abogados José Luis Castillo Alva y Eduardo León Alva, cuestiona la resolución judicial en aspectos constitucionales, procesales y un supuesto fallo en la ejecución de la medida por parte de la fiscalía: la resolución judicial se habría ejecutado cuando ya había caducado.
Además, se cuestiona que no se han individualizado los elementos de convicción que hagan creíble la existencia de un delito, y, por último, que la medida se ejecutó cuando la orden judicial ya se encontraba vencida, pues el 14 de marzo el juez le dio al fiscal especializado en lavado de activos, Wilson Salazar dos semanas para incautar los bienes, pero la medida recién empezó a cumplirse el 11 de abril.