Documento final podría ser considerado en fueros internacionales, siempre y cuando la investigación en Perú sea irresuelta.
Respaldo. La Defensoría del Pueblo consideró, después de la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “el Estado peruano, mediante sus instituciones (…), tiene el deber de adoptar las recomendaciones por el compromiso con los DD. HH”. En su pronunciamiento, el órgano constitucionalmente autónomo —en la mira del Congreso— informó sobre el estudio de la Comisión. En diciembre del 2022 y enero del 2023, misiones de comisionados visitaron Apurímac, Ayacucho, Lima, Puno e Ica.
El rango de tiempo empleado coincide con los más de 50 muertos en las marchas antigubernamentales. Además, entrevistaron a 55 peruanos que dicen ser víctimas de violaciones a la integridad humana.
El Gobierno participó en la elaboración del documento porque, en su calidad de integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA), le fue remitida la indagación. De hecho, el régimen de Dina Boluarte y Alberto Otárola envió sus “observaciones” el 30 de marzo del 2023. La CIDH añadió “las partes pertinentes” antes de aprobar la versión final.